El programa de lucha contra el fraude establecido por el Gobierno pretende “cazar” a 220.000 personas que defraudan al cobrar prestaciones por desempleo. Esto supondría un ahorro para las arcas públicas de 1.900 millones de euros. Estas pretensiones de la administración vienen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Mediante una comunicación remitida a profesionales y sociedades obligados a pagar por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), La Agencia Tributaria (Aeat) ha comenzado a avisar de que conoce los movimientos de las cuentas bancarias de los contribuyentes y que puede cruzarlas con las declaraciones de Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2016.
Atendiendo a las cartas enviadas por la Agencia Tributaria, afirma que, a lo largo de 2017, se llevará a cabo “un especial seguimiento de aquellos contribuyentes que presenten posibles incoherencias en sus cuentas, pudiéndose realizar una visita destinada a la toma de datos así como, en su caso, el inicio de actuaciones de comprobación”.