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Concurso de acreedores

¿Qué es un concurso de acreedores?

Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se propone cuando una empresa se encuentra en estado de insolvencia. Su procedimiento concursal está diseñado para paralizar los pagos de la empresa para paliar los efectos negativos ocasionados por la falta de fondos, reestructuración, reducción y retraso de la deuda (cancelación y espera), con el fin de dar continuidad al negocio, y finalmente liquidar su patrimonio ordenadamente, evitando la depuración de responsabilidad personal frente al empresario.

 

Normativa que regula el concurso de acreedores

El concurso de acreedores se regula por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. El texto refundido de la Ley concursal se aprueba a través del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
Asimismo, la actividad de la Sociedad se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el resto del ordenamiento jurídico.

¿Quién puede declararse en concurso de acreedores?

El procedimiento del concurso de acreedores se puede iniciarse tanto por personas jurídicas como por personas físicas, según el artículo primero de la Ley Concursal. Además, los concursos se pueden promover por herencias yacentes, aunque no hayan sido aceptadas. Para llevarlo a cabo de forma sencilla, es recomendable la contratación de una asesoría o un profesional especializado en este tipo de servicios, como un abogado concurso de acreedores.

¿Cuándo se debe declarar el concurso de acreedores?

La declaración del concurso de persona física o jurídica procede en caso de insolvencia. Cuando la empresa se encuentra en estado de insolvencia y no puede cumplir con sus obligaciones de pago de manera regular, el administrador debe eliminar esta situación, o de lo contrario, si esto no es posible, el acreedor está obligado a declararse en quiebra voluntaria.
La insolvencia puede ser actual, cuando la empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones o inminente, cuando la empresa prevé que no podrá cumplir sus obligaciones de forma puntual y regular.
La solicitud deberá presentarse en el Juzgado de lo Mercantil de su residencia dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de su estado concursal. Todo esto se hará sin perjuicio de moratoria del artículo 6 de la Ley Nº 3/2020, de 18 de septiembre, relativo a los procedimientos y medidas organizativas para responder al COVID-19 en el ámbito judicial, hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogado al 14 de marzo de 2021, tras el acuerdo del Consejo de Ministros Acuerdo adoptado el 17 de noviembre de 2020.

¿Cuál es el objetivo del concurso de acreedores?

  1. Existen dos objetivos a la hora de presentar concurso de acreedores:
    Si la empresa es viable, buscará llegar a un acuerdo con los acreedores, determinando deducción o espera. El acuerdo debe ser aprobado por la mayor parte del pasivo de la empresa deudora, y después de la aprobación, tanto los acreedores ordinarios como los subordinados estarán sujetos a restricción. Por su parte, los acreedores privilegiados están obligados a cumplir con el acuerdo solo si votan a favor del acuerdo.
  2. Si la empresa no es viable, llevará a cabo una liquidación ordenada sin incurrir en irresponsabilidad: venderá sus bienes para utilizar el dinero obtenido para reembolsar a los acreedores o traspasar todo el negocio a una empresa viable.

¿Qué tipos hay de concurso de acreedores?

Entre los tipos de concurso de acreedores se encuentran el concurso voluntario y necesario.
El concurso de acreedores voluntario lo debe presentar el empresario en un plazo de dos meses, desde que tenga conocimiento de su insolvencia. El concurso necesario de acreedores, por su parte, lo debe presentar un acreedor o uno de los socios de la propia compañía cuando se haya tratado de cobrar un crédito de forma infructuosa.
Además de estos, existe el llamado concurso de acreedores express. Este está caracterizado por resolver el procedimiento en el mismo orden de declaración. Esto significa una velocidad de procesamiento más rápida, lo que a su vez puede ahorrar mucho tiempo y reducir el precio concurso de acreedores. Al reducir los procedimientos del concurso, los deudores podrán deshacerse de responsabilidad concursal. De esta forma, no es necesaria la etapa de revisión de la calificación. Sin embargo, para activarlo, el deudor debe carecer de liquidez o de la posibilidad de obtenerla.

¿Cómo se declara el concurso de acreedores?

Plazos

Una vez que el deudor conoce su situación de insolvencia, está legalmente obligado a exigir una declaración concursal en el plazo de dos meses. Antes de que finalice este plazo, podrá notificar al tribunal que ha iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciamiento u obtener el acceso necesario para continuar con el concurso.
Además, debe considerarse que, desde el momento de la presentación de la comunicación, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Durante el período de negociación, el deudor tiene derecho a solicitar explícitamente que el juego en cuestión no se registre en el registro correspondiente. De esta manera, la situación financiera del deudor puede protegerse de ser bien recibida por la opinión pública.
Sin embargo, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, establece que, hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Lugar

El concurso acreedores, ya sea concurso voluntario o necesario, se debe presentar ante los Juzgados de lo Mercantil. Sin embargo, los juzgados de primera instancia también tienen competencias para declarar y tramitar el concurso de acreedores de una persona física, siempre que no sea empresario.
El Juzgado en el que se debe tramitar el concurso debe ser el que corresponde al domicilio social de la empresa. Aunque puede haber excepciones cuando no concuerda la domiciliación social de la empresa con el centro principal de intereses actividades o de gestión dela misma.

Coste

Es complicado determinar el coste concurso de acreedores, ya que esto dependerá de la contratación que realices. Este procedimiento comporta unos trámites y gestiones que es difícil realizar sin la ayuda de una persona especializada. Lo más recomendable es contratar a un abogado concurso de acreedores, que sea especialista en Ley Concursal. Este realizará un asesoramiento durante el procedimiento y le dará un enfoque jurídico necesario al respectivo caso para defender tus intereses. Esto lo podrá realizar a través de un acuerdo con las entidades acreedoras o mediante la liquidación de tu patrimonio, finalizando las deudas.
Por tanto, las tarifas concurso de acreedores varían mucho del objetivo y características del caso. En el proceso, pueden intervenir diferentes participantes, como notarios, abogados, administradores concursales o procuradores. Por tanto, el coste concurso acreedores persona física o jurídica es difícil de determinar.
Respecto a las notarías, su coste está fijado a los aranceles. El precio concurso de acreedores depende también de la fase en la que el proceso se finalice. Es decir, si, por ejemplo, se consigue un convenio entre deudor y acreedores, el coste concurso de acreedores en cuanto a honorarios del administrador concursal, será menor al que se alcanzaría la fase de liquidación.
En cualquier caso, el coste concurso acreedores persona física o jurídica dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo, así como del éxito que se alcance en las negociaciones. En lo que respecta a abogado concurso acreedores y a procuradores, sus honorarios se ajustarán a diferentes criterios que establezca su profesión.

Documentación necesaria

  • La documentación necesaria para solicitar un concurso de acreedores persona física o jurídica, se basa en los documentos considerados necesarios para acreditar la existencia del estado de insolvencia, como cuentas anuales, balances, embargos, requerimientos de pago, informe de auditoría, apremios, certificados de deuda de Hacienda y Seguridad Social, etc.
    Además de esto, la legislación enumera una serie de documentos que deben presentarse de forma obligatoria:
    Una memoria que exprese la trayectoria económica y jurídica de la empresa. En ella se indicará la actividad a la que se haya dedicado la empresa durante los últimos tres años, así como los establecimientos de los que sea titular, las causas de insolvencia y sus consideraciones sobre la viabilidad del patrimonio. Además de esto, se debe expresar la identidad de los socios, administradores o liquidadores, directores generales y auditor de cuentas. Por último, se establecerá si tiene la admisión de valores a cotización o forma parte de un grupo de sociedades (nombrando las integradas en el mismo).
  • Un inventario de bienes y derechos que compongan su patrimonio. Se indicarán la naturaleza y características de los bienes (inmuebles, muebles, derechos de crédito etc…), el espacio donde se encuentren y, en el caso en el que estuvieran inscritos en un registro público, se presentarán los datos de identificación registral, el valor de ña adquisición, las correcciones valorativas y la estimación del valor actual.
  • La relación de acreedores. Se realizará por orden alfabético, con la identidad, el domicilio y la dirección electrónica de cada uno de los acreedores, la cuantía y el vencimiento de los créditos y las garantías personales o reales constituidas.
  • La plantilla de trabajadores y la identidad de los integrantes del órgano de representación de los mismos, en el caso de que hubiera.
  • Las cuentas anuales y los informes de gestión y de auditoría correspondientes a los últimos tres ejercicios finalizados a la fecha de la solicitud, estén o no aprobadas las mencionadas cuentas.
  • Una memoria de las transformaciones realizadas en el patrimonio antes de las últimas cuentas anuales formuladas, aprobadas y depositadas.
  • Una memoria con las operaciones llevadas a cabo antes de las últimas cuentas anuales que hubiesen excedido del tráfico ordinario.

Fases del concurso de acreedores

El concurso de acreedores está dividido en cuatro fases. No obstante, no es necesario que concurran todas, y en caso de reapertura, se vuelve a la tercera. Cada concurso tiene un curso determinado, y aunque en algunos casos se pueda evitar a través de un acuerdo de refinanciación, en otros se llevará a cabo la liquidación de la sociedad.
Estas fases son las siguientes:

  1. Actos previos
    El preconcurso de acreedores, en estos actos previos, incluye solicitudes de iniciación, registros de situación y procedimientos de primeros pasos. Por lo tanto, se pueden requerir medidas cautelares y conducir a la secuencia de procesamiento, lo que abre la fase común.
  2. Fase común
    Tras el preconcurso, comienza la fase común, que empieza con la declaración del concurso. Muestra ciertas obligaciones con los deudores, acreedores y la relación jurídica entre ambos.
    • Respecto a los deudores, impone la obligación de cooperar y restringe sus derechos sucesorios. En el concurso acreedores voluntario, debe estar autorizado por la administración concursal para disponer de su patrimonio. Sin embargo, si el concurso es necesario, la administración de gestión de este reemplazará al representante del mismo para ejercer la disposición.
    • Respecto a los acreedores, limita su capacidad para presentar una reclamación. En esta etapa, la ejecución está paralizada porque se trata de proteger los activos para respetar la prioridad de crédito y las condiciones de crédito prioritario. Por lo tanto, no se puede entablar una nueva demanda.
    • Respecto a la gestión concursal, participará en los actos de disposición de los empresarios. También conservará y gestionará la calidad de las actividades. Deberá preparar un informe sobre la situación económica de la empresa, el inventario y la lista de acreedores. Para ello, se dispone de dos meses.
    • Respecto a los activos del deudor, se establecen los activos y pasivos. En otras palabras, se especifican los derechos de cobro y el patrimonio que puede utilizarse para satisfacer estos derechos.
    El propósito de esta fase es determinar el alcance del concurso. Al mismo tiempo, trata de preservar el patrimonio del deudor para aplicarlo a acuerdos o liquidaciones. Esta etapa finaliza con la elaboración del informe de gestión concursal.
  3. Fase de resolución
    Hay dos formas de resolver el convenio:
    • Convenio. Puede mostrarse o no mostrarse de antemano. Su objetivo es llegar a un acuerdo con el acreedor para permitir el pago. Por lo tanto, le permite introducir quitas y esperas. Requerirá aprobación judicial y hará un seguimiento para asegurar su cumplimiento. En caso de incumplimiento, se puede declarar la culpabilidad del concurso y liquidar los bienes del concursado.
    • Liquidación. Se propone como la solución más indeseable al concurso de persona física o jurídica, ya que implica liquidar los activos del concursado para satisfacer el crédito concurrente tanto como sea posible. Solo se lleva a cabo cuando el proyecto no es factible, y extender el tiempo de actividad solo aumentará la responsabilidad.
  4. Calificación del concurso
    Según las circunstancias del concurso, este se puede clasificar como fortuito o culpable. Esta etapa de revisión de calificaciones solo se utiliza para liquidación, incumplimiento de contrato o aprobación de contrato perjudicial para los acreedores.

Efectos del concurso de acreedores

Las consecuencias derivadas de entrar en concurso de acreedores pueden ser varias.
Para la mercantil concursada, los efectos serán los siguientes:

  • Si desea continuar con las actividades comerciales, tratará de llegar a un acuerdo con todos los acreedores para reducir la deuda o extender el período de amortización, lo que se verá reflejado en el acuerdo.
  • Si no quiere continuar la actividad (o no logra llegar a un acuerdo satisfactorio) y opta por cerrar la empresa, venderá sus activos para pagar las deudas a los acreedores, procediendo así al proceso ordenado de liquidación de la empresa, evitando así responsabilidad.

Respecto a los administradores, los efectos varían dependiendo de la calificación de culpable o fortuita del concurso.
Será culpable si se prueba que las acciones u omisiones de los administradores en el ejercicio de sus funciones han provocado la situación de insolvencia. A la hora de esclarecer la implicación de los directivos en la situación concursal mencionada, intervendrán por un lado la Administración Concursal, el Ministerio Público y los jueces y por otro los responsables que se pretende declarar como culpables.

  • Si el concurso se clasifica como accidental, el administrador quedará exento de toda responsabilidad por el estado de insolvencia del deudor.
  • Por el contrario, si el concurso se cataloga como culpable, las consecuencias para los administradores pueden variar. Entre ellas se encuentra la inhabilitación para administrar los bienes de otras personas en un plazo de 2 a 15 años y la pérdida de derechos como acreedores. Al liquidar el crédito que el concursante no ha reembolsado íntegramente, está obligado a responder con su patrimonio personal.

Por último, en el caso de los acreedores, los efectos son los siguientes:

  • Después de declararse el concurso, los acreedores deben comunicar sus créditos y no pueden iniciar nuevas demandas. Asimismo, se paralizarán los intereses devengados por los concursantes sobre los créditos existentes y se suspenderá la ejecución de activos relacionados con la actividad empresarial.

¿Qué es la acción rescisoria concursal?

Por lo general, antes de declararse en concurso, el deudor toma de manera fraudulenta o involuntaria ciertas acciones que perjudican a las masas activas, como vender los activos de la empresa a bajo precio, o incluso gratis, para personas relacionadas con el deudor. Ante esta situación, el legislador permite que la administración concursal revise el comportamiento del deudor en los dos años anteriores a la declaración concursal, con el fin de abolir el comportamiento que perjudicó la masa activa durante ese período.
Por lo tanto, en el período de dos años antes de presentar concurso de acreedores, se analiza si se ha implementado una acción que no es propicia para el acreedor y es beneficiosa para los relacionados con el deudor. En el caso de adveración, se puede rescindir. El principal efecto de esto es declarar la ineficacia contractual sobrevenida, es decir, se invalidará retroactivamente el negocio jurídico y existirá la obligación de restituir las prestaciones objeto, con frutos e intereses.

 

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