El programa de lucha contra el fraude establecido por el Gobierno pretende “cazar” a 220.000 personas que defraudan al cobrar prestaciones por desempleo. Esto supondría un ahorro para las arcas públicas de 1.900 millones de euros. Estas pretensiones de la administración vienen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado.


Esta cifra de 1.900 millones que dejará de gastar el Estado es más que relevante, ya que representa hasta un 11% del gasto en la protección del paro, que este año asciende a 18.050 millones de euros.

Las 220.000 personas que dejarán de cobrar el paro no suponen, ni mucho menos, la cifra más alta en este sentido, ya que es la más baja en los últimos seis años, siendo 2011 el año en el que más personas fueron “destapadas”, hasta 260.000. Este hecho se debe principalmente a la recuperación económica que está atravesando nuestro país.

Las medidas que el Gobierno está llevando a cabo en materia de empleo para reducir los fraudes son las siguientes: 4,5 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo; 2,5 millones de cruces de datos informáticos entre los Servicios Públicos de Empleo y la Seguridad Social, para detectar si el beneficiario puede tener un empleo sumergido; o 3,5 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación.

Además, el Ministerio de Empleo pretende hacer 400.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos de prestaciones.

Fuente: Expansion.com


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