La Agencia Tributaria necesita una autorización de un juez para acceder a la información digital de un negocio

 Especialista técnico que trabaja en la oficina - foto de stock

 

El Tribunal Supremo detalla en profundidad los derechos de  las inspecciones domiciliarias para los autónomos, y es que aunque estas sigan vigentes, la sentencia que se ha publicado el pasado 26 de junio, recalca que la Agencia Tributaria necesitará la aprobación de un juez si quieren registrar los ordenadores de la empresa.

 

Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), explicó que esta sentencia se ha llevado a cabo para reforzar la protección de los trabajadores por cuenta propia, y que si se desea registrar los ordenadores de estos, deberá ser por una razón razonada, y tener claro qué se querrá revisar.

 

Sentencia 36662/2024

 

Según la sentencia 3662/2024, la Agencia Tributaria había solicitado una autorización judicial para entrar y registrar el domicilio de una empresa, y procedió a realizar una revisión completa de sus datos en sus dispositivos electrónicos. La empresa denunció este abuso a los tribunales, ya que no había ninguna razón por la que dicha inspección abismal se tuviera que realizar.

El Tribunal Supremo dio la razón a la empresa, puesto que aunque la Agencia Tributaria tuviera motivos previos para inspeccionar el negocio, no habían solicitado la revisión de los datos digitales.

Por tanto, se ha aclarado que para acceder a la información de los ordenadores, se debe evaluar la necesidad y la naturaleza de cada persona del negocio que pudiera salir afectada, con el fin de proteger los derechos fundamentales de estos. 

Según Piñero, cuando se vulneran derechos fundamentales a los contribuyentes, como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen (artículo 18 de la Constitución), la Agencia Tributaria debe obtener una autorización judicial. Esta autorización debe estar completamente argumentada, explicando de manera razonada el motivo por el cual la Agencia necesita acceder a la información de los dispositivos electrónicos.

La sentencia especifica que el acceso a la información debe ser "explícito, específico e individualizado", lo que significa que la autorización debe justificar por qué se solicita el acceso, delimitar el contenido y el tiempo, y especificar qué equipos y bienes serán inspeccionados. Por lo tanto, no basta con una simple autorización para entrar en el domicilio; se requiere una justificación detallada.

Por ejemplo, si la inspección requiere acudir a correos electrónicos o datos almacenados en la nube, se necesitará una autorización judicial que especifique la revisión de ese contenido. Además, la orden judicial debe considerar si las acciones de Hacienda justifican el acceso a estos dispositivos para no vulnerar los derechos fundamentales.

 

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Artículo escrito por Ana Díaz Carmona

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